Familiares de víctimas del franquismo piden la exhumación de las fosas

Ejercen la figura legal del derecho de petición que ambas administraciones deben responder en tres meses / Solicitan al Consistorio que realice un homenaje público a los desaparecidos por crímenes de lesa humanidad.

Familiares de fusilados enterrados en fosas comunes | MADERO CUBERO

http://cordopolis.es/2017/05/04/familiares-de-victimas-del-franquismo-piden-a-ayuntamiento-y-junta-la-exhumacion-de-las-fosas/

Los familiares de las víctimas del franquismo que se encuentran enterradas en las fosas comunes de los cementerios de La Salud y de San Rafael en Córdoba han pedido formalmente al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que se exhumen los restos de sus seres queridos. Lo han hecho por escrito utilizando la figura legal del derecho de petición y asesorados por Eduardo Ranz, el abogado que ha conseguido que un juez ordene la exhumación de dos personas en el Valle de los Caídos en Madrid.

Este es el primer paso formal que realiza el colectivo que, como entidad jurídica, reúne a los familiares de las víctimas en Córdoba y que, bajo el nombre de Dejadnos llorar, asociación para la defensa de los derechos humanos de las víctimas del franquismo, ha quedado creada y registrada a comienzos del pasado mes de marzo. Su principal objetivo es la exhumación de las dos fosas de Córdoba, donde se calcula que hay enterradas 4.000 personas de las 12.000 que fueron asesinadas en la provincia durante el franquismo y la posguerra.

“La ciudad de Córdoba no se puede permitir un hecho de esta envergadura”, apunta el presidente de la asociación, Antonio Deza, para poner el foco en los derechos humanos de las víctimas y en los valores de verdad, justicia y reparación que piden. Por eso, esperan ahora que las administraciones -Ayuntamiento y Junta de Andalucía- contesten a sus escritos en el plazo de tres meses que tienen para ello y que concluirá en junio. Si no fuera así, estudiarían iniciar acciones legales en el contencioso-administrativo, según ha anunciado Ranz.

El proceso formal que han iniciado se ha dirigido, de un lado al Ayuntamiento, puesto que la Ley estatal de Memoria Histórica señala a los consistorios como los agentes en la exhumación de las fosas. Y, de otro lado, se ha solicitado también a la Junta de Andalucía, que acaba de aprobar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma. “Tienen la oportunidad de estrenar la ley con Córdoba y reparar a las víctimas”, dice Ranz al explicar que la petición de la asociación de familiares debería tener respuesta positiva de la administración autonómica mediante esta ley. “Es la oportunidad para la exhumación, la reparación y cerrar una herida que lleva 80 años sangrando”.

Los familiares pretenden así iniciar un camino en el que “no vamos a cejar” para que se redacte un proyecto de exhumación de las dos fosas y se conformen los equipos de antropólogos, arqueólogos y forenses necesarios, además de realizar las pruebas de ADN oportunas tal y como dicta la ley. Y, en ese empeño, hacen un llamamiento no solo a las administraciones sino también a la ciudadanía: “Hacemos una llamada a toda la sociedad cordobesa. No es un tema político sino que es un problema de dignidad. Es una llamada, casi una súplica, a que tomen conciencia y se solidaricen”, afirma Deza en el convencimiento de que la unión social empujará a las administraciones a llevar a cabo la exhumación de las fosas.

“Vamos a actuar siempre de forma pacífica y democrática, con el ánimo de ayudar a todas las instituciones a que se exhumen las fosas en Córdoba y en Andalucía”, señala sobre una tarea que pasa, a su juicio, por poner el foco en los derechos humanos de las “víctimas de genocidio y lesa humanidad” que hubo en Córdoba, según el historiador Francisco Moreno.

Además, en torno al 14 de junio, día declarado por la reciente ley andaluza de memoria Histórica y Democrática como fecha para recordar a las víctimas, la asociación Dejadnos Llorar va a solicitar al Ayuntamiento de Córdoba que conmemora este día y realice un acto de homenaje público para declararlas formalmente víctimas de crímenes contra la humanidad.

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