LA ONU CON LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.


Los compromisos públicos sobre memoria histórica que ha hecho el gobierno socialista de Pedro Sánchez son una oportunidad para las víctimas y el movimiento memorialista democrático, sobre todo frente la parálisis total impuesta en los últimos años, por el PP y el gobierno de Rajoy que suspendió de facto hasta la Ley de Memoria Histórica.

Es por eso que, ahora, recuperamos las recomendaciones y resoluciones esenciales de Naciones Unidas sobre España. Deben servir de guía para la resolución de las demandas de las víctimas tanto al gobierno como al resto de partidos, instituciones y asociaciones de memoria.

Entre Septiembre de 2.013 y Febrero de 2.014, inspeccionaron al Estado Español el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas o involuntarias y el Relator Especial de Naciones Unidas , Pablo de Greiff.



La reflexión serena de la lectura de sus análisis, observaciones y recomendaciones al Estado Español, ayuda a comprender y encuadrar el debate sobre la Memoria Histórica en el centro de la Justicia, el Derecho Internacional y las Obligaciones del Estado español.

Nos permite saber, entre otras muchas cosas, que:

  • Conocer la Verdad, la Justicia y la Reparación es un Derecho Absoluto de los familiares de las víctimas.

  • Es una Obligación del Estado, el cual tiene de plazo hasta el 15 de Noviembre de 2,019 para cumplir con sus obligaciones.

  • No debe depender del partido del gobierno de turno.

  • La Memoria Histórica no debe ser materia de debate político partidista.

  • Hace falta una Política de Estado para cumplir las Obligaciones contraídas al firmar y ratificar España los Tratados Internacionales obre Derechos Humanos que afectan en particular a cientos de miles de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, provocadas por el franquismo.

Es dramático que el anterior jefe del Estado español, hoy Rey Emérito, nunca se pronunciara favorablemente a la necesidad de dicha Política de Estado. El Rey actual y jefe de Estado D. Felipe VI, fue a París a honrar a los republicanos españoles, pero en España aun no ha cumplido con su Obligación con las víctimas, derivada de los Tratados Internacionales sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y con aquellos que yacen en las fosas comunes. Debería hacerlo antes de que se cumpla el plazo dado al Estado por los organismos internacionales competentes. Es ineludible esta Obligación para el Rey D. Felipe. Y los familiares, que a su vez somos víctimas también, tenemos el deber de exigir que se cumplan las Leyes que nos amparan. Sin odios, ni rencores pero con la firmeza que da el tener la razón y el amparo de la Ley.

Antonio Deza Romero

Presidente de la Asociación “Dejadnos llorar” para la defensa de las víctimas del franquismo.


Extractos del Informe del Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff.

Introducción

1. De conformidad con la Resolución 18/7 del Consejo de Derechos Humanos y la invitación del gobierno, el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia , la Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo de Greiff realizo una visita oficial a España del 21de enero al 3 de febrero de 2,014..

2..El objetivo de la visita fue conocer y valorar las medidas adoptadas por las autoridades españolas sobre los cuatro ejes del mandato; Verdad,, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, en relación con las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos durante el golpe de estado, la guerra civil y la dictadura franquista. …..

II. Consideraciones generales

8. La implementación de medidas de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición en España han transcurrido en un contexto que envuelve complejidades peculiares, involucra restos característicos de transiciones pos-autoritarias y también de transiciones pos conflicto, grandes variaciones geográficas y temporales en los patrones de violencia durante el golpe de estado, la guerra civil (1,936/1,939)) y la dictadura (1,939/1,975): Un conflicto seguido de una larga dictadura y desarrollos importantes en el marco normativo nacional e internacional desde que ocurrieron las primeras violaciones.

9. Sin embargo, han predominado discursos que opacan estas complejidades, tratan todas las violaciones como una amalgama de hechos violentos ocurridos en el marco de una contienda y tensiones entre dos bandos opuestos, y parten de una posición deliberadamente difundida por el franquismo que durante décadas impidió una confrontación abierta y directa en el pasado.

Este intento por asumir simetrías en el comportamiento de los diferentes bandos, junto con lo que indiscutiblemente ha sido, aun hoy, un tratamiento asimétrico de las víctimas, ha politizado el debate, contribuido a la asimilación de las reivindicaciones de las víctimas con afiliaciones políticas y partidistas, en detrimento de una consideración de derechos. la definición de víctima se presenta generalmente de forma separada de la noción de derechos humanos y de las nociones fundamentales de derecho habientes y de la responsabilidad del Estado.

10. El Relator Especial reitera que los temas relacionados con la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición no son asunto de política partidista o programas políticos particulares, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos.

Insiste en la importancia de iniciativas del Estado y la sociedad civil que aglutinen demandas de todas las víctimas de los derechos humanos y del derecho humanitario, independientemente de su filiación política, o aquella de los perpetradores.

III. Garantías de no repetición

A. Consolidación democrática y reforma de las fuerzas armadas.

11. La consolidación de una democracia robusta y estable, es, en si misma, un instrumento para garantizar la no repetición y uno de los logros insignes de la transición española.

La democracia española no enfrenta ningún riesgo de quiebre Institucional proveniente de las fuerzas armadas, las cuales se han comprometido firmemente con los principios de la Constitución y de la Ley.

La democratización de las fuerzas armadas es uno de los mas grandes retos de las transiciones y el ejemplo español ofrece lecciones importantes que pueden ser útiles para otros países.

12. Que el proceso de reforma militar en una transición “sin ruptura”, haya alcanzado estos logros es especialmente significativo teniendo en cuenta el rol que las fuerzas armadas jugaron en el golpe de estado, la guerra civil y la dictadura.

13. El proceso de transformación que llevó a este resultado fue gradual, tomó mas de una década y no transcurrió en ausencia de resistencia.

El intento de golpe militar de 23 de febrero de 1.981 no fue la única manifestación de esa oposición a los cambios que se estaban produciendo dentro y fuera del ejercito, Algunos incluso iniciados antes de 1.975.

Otras reacciones incluyeron: renuncias de oficiales de alto rango en relación con la legalización de los sindicatos y del Partido Comunista, desacuerdos con ascensos particulares o cambios en los criterios de ascensos. Resistencia a cambios en la relación entre el ministerio de defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Incluyó también actos de insurrección variados, la ocupación de oficinas del gobierno y la renuncia por parte de los “senadores militares” a votar en favor de la Constitución.

15. El periodo inicial de la transición estuvo marcado por un amplio apoyo social, expresado por la alta participación ciudadana en las elecciones democráticas de 1.977, y por el alto consenso que quedo expresado con la referendación popular de la Constitución de 1.978, todo lo cual fortaleció al gobierno para emprender reformas, estructurales incluyendo la militar.

16. El éxito de la reforma de las fuerzas armadas dependió en gran medida también, del comportamiento de los partidos políticos que mantuvieron un alto grado de consenso acerca de las reformas necesarias.

17. El proceso de la integración de España, tanto a la Comunidad Económica Europea así como, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también ayudan a explicar el éxito de las reformas.

Mas adelante la participación en operaciones de paz internacionales contribuyo a consolidar un cambio de concepción acerca de las funciones de las fuerzas armada y a fortalecer su apoyo popular.

Remoción de símbolos o monumentos

30. El Valle de los Caídos esta firmemente presente en el discurso de las asociaciones, como un sitio que constituye, en si mismo, la exaltación del franquismo.

31. El Relator Especial saluda el trabajo y el informe de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos (2.011) en particular el énfasis que ha hecho sobre la importancia de resignificar el sitio y explicar a todos los visitantes el origen de este monumento y su contexto sociopolítico.

32. En su estado actual, el sitio no proporciona ningún tipo de información o señalización que explique la prevalencia de simbología franquista y fascista y la exaltación del bando “vencedor” de la guerra civil.

Nada explica el carácter ambiguo, o la idea tardía de darle al lugar un sentido de “reconciliación”.

Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas.

Tampoco ofrece información sobre los cuerpos de casi 34.000 personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin el consentimiento y/o sin conocimiento de sus familiares.

Nada explica quien fue José Antonio Primo de Rivera, ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica, ni por qué el general Franco fue inhumado ahí sin ser víctima de la guerra civil.

33. El sitio puede ser aprovechado y -resignificado- con técnicas y pedagogías adecuadas en favor de la promoción de la verdad y la memoria, con función educativa y preventiva. Difícilmente podrá pensarse como lugar en favor de la paz y la reconciliación, mientras predomine el silencio sobre los hechos relevantes al contexto y origen del sitio y en particular mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictado.

Educación

34. La educación es un instrumento poderoso en favor de la no repetición. en particular la educación en historia, si se enseña como un sistema de indagación mas que como un mecanismo de preservación de simples datos, tiene la capacidad de formar ciudadanos con hábitos de análisis y razonamiento critico.

35. El Relator Especial recuerda la represión que sufrieron los docentes desde los primeros años del golpe militar, la guerra civil y la dictadura, incluyendo ejecuciones sumarias de maestros y maestras republicanos y depuraciones que afectaron la enseñanza publica como privada, incluyendo la religiosa, desde la primaria hasta las universidades.

Diferentes estudios han mostrado cómo las autoridades en España durante la dictadura controlaron el contenido de la educación histórica como forma de garantizar el consenso político y social, monopolizada el discurso publico sobre la identidad y la historia nacional.

Mas allá del uso del currículo como instrumento de control social, las escuelas se convirtieron en sitios donde el control podía tomar formas humillantes y estigmatizantes.

Hijos de fusilados narraron como aparte de ese sufrimiento, en la escuela eran obligados a vestir uniformes que los distinguían como tales”.

36. Documentos oficiales y estudios sobre la materia muestran cómo los programas de estudios y libros de texto fueron progresivamente revisando el análisis y ampliando la explicación de la guerra civil y el franquismo.

Desde 1.938 hasta los años 50, si bien, los libros de texto prestan poca atención a estos temas , las menciones que hacen de la guerra promueven un discurso que justifica el golpe de Estado, culpando al bando republicano, y legitima la dictadura.

Desde 1.953 se incorpora la imagen de responsabilidades compartidas en una “lucha fratricida” entre dos bandos.

Desde 1.975 y hasta la reforma de 1.990 -aunque no siempre de forma homogeneiza- los manuales siguen representando generalmente la guerra civil como un conflicto entre dos España y, si bien algunos manuales hacen mención de los costes políticos y económicos de la dictadura, la violencia del régimen contra la oposición no recibe atención particular. Afirmando “fuimos todos culpables”, los libros de texto refuerzan así la política de “borrón y cuenta nueva” que acompaño a la transición.

39. El Relator Especial reclama además el valor fundamental en la educación en derechos humanos como herramienta para fortalecer las garantías de no repetición”.

“El Relator Especial insiste sobre la importancia de asociar el estudio del golpe militar, la guerra civil y el franquismo con los programas para la formación en derechos humanos, y la promoción de los derechos humanos.

Formación de funcionarios públicos

40. El Relator Especial saluda que los programas de formación de la Policía y la Guardia Civil incluyan módulos específicos de derechos humanos.

Sin embargo no parecen incluir el estudio del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, ni de las violaciones graves a los derechos humanos que ocurrieron en este periodo y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en la comisión de las mismas.

Algunos módulos de formación de la Guardia Civil, si bien hacen referencia a las instituciones del periodo franquista, parecen proponer modelos interpretativos desactualizados, diferentes del programa educativo nacional en vigor.

41. El Poder Judicial es la esfera del Estado que ha acusado menos reformas estructurales desde la transición ( con excepción de la jurisdicción militar).

La formación de los jueces y fiscales representa una herramienta clave para garantizar la no repetición de las violaciones y los cambios de actitudes en la institución.

Sin embargo el Relator Especial nota con preocupación que, los programas de formación de jueces en materia de derechos humanos no solo no hacen mención de las responsabilidades del Poder Judicial, particularmente de las jurisdicciones especiales, durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino que tampoco incluyen temas específicos de derechos humanos, mas allá de aquellos relacionados con la gestión judicial y las garantías del debido proceso. “Sorprende que no hagan referencia a la Obligación del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.



42. El Relator Especial recibió información ambigua sobre el compromiso del Poder Judicial en incorporar programas de derechos humanos en la formación de jueces. Según varias fuentes la formación inicial no seria suficiente, ni estaría diseñada para proporcionar una formación de calidad en materia de desechos humanos.

IV. Verdad

43. El Relator Especial nota que existe una gran cantidad de información acerca de la violencia que tuvo lugar en España, especialmente en la Guerra Civil. Salvo excepciones , estas investigaciones han sido generalmente lideradas peo académicos, historiadores o periodistas. La información disponible, sin embargo esta sumamente dispersa, usa metodologías diferentes y necesita verificación.

44. “La “Causa General” y los procesos generales que de ella se derivaron, aunque hayan estado fuertemente marcados por una lectura sesgada de los hechos desde una perspectiva de los “vencedores” y que hayan podido carecer de imparcialidad, representan quizás el único intento en el periodo de la posguerra, de esclarecimiento sobre hechos de violencia ocurridos durante la Guerra Civil.

Con el propósito de consolidar la Verdad Oficial, el Relator Especial lamenta que estos esfuerzos de compilación, digitalización y publicación de documentos no hayan sido replicados de forma sistemática con relación a otras causas e instituciones, como distintos tribunales y cuerpos de seguridad.

45. El Relator Especial constata que no existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el numero total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Asimismo varios temas siguen subexplorados, como por ejemplo los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, niños robados: las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo contra las mujeres, así como las responsabilidades de las empresas privadas por su participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de derechos humanos.

46.El Relator Especial nota con preocupación que no se estableció nunca una Política de Estado para la promoción de la Verdad.

47.Varias asociaciones promueven el establecimiento de una Comisión de la Verdad. El Relator Especial insta a las autoridades a iniciar discusiones serias para el establecimiento de un mecanismo o institución con carácter independiente, pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo. Recalca que este mecanismo podría adoptar diferentes modalidades y formatos, incluyendo la forma de una Comisión de la Verdad.

48. El Relator Especial destaca iniciativas valiosa en favor de la Verdad, que aunque no suplen las necesidades de una política de Estado y de mecanismos oficiales de verdad, podrían caracterizarse como buenas practicas , por su calidad metodológica, la cantidad y variedad de sus fondos documentales y accesibilidad al publico. El proyecto “Nomes e Voces” liderado por la Universidad de Santiago de Compostela, ha hecho publico en internet un amplísimo fondo documental sobre la represión y las víctimas de la Guerra Civil en Galicia, con testimonios directos y archivos catalogados y digitalizados.

El Relator Especial también saluda el extenso banco audiovisual que incluye testimonios y vídeos educativos del Memorial Democratic de Catalunya y expresa su preocupación de que no existan iniciativas similares a nivel estatal.

49. La compilación de testimonios orales de las víctimas y testigos directos es particularmente importante y urgente debido a la avanzada edad de estas personas y el riesgo de que sus voces y la invaluable información que puedan proporcionar se pierdan definitivamente.

Archivos.

50. Los archivos juegan una función central en la promoción y realización del derecho a la Verdad.

54. El Relator Especial expresa preocupación por que, invocando riesgos de seguridad nacional y la ley de secretos oficiales, documentos históricos y grandes fondos militares y policiales permanecen clasificados y sin criterios claros que permitan su desclasificación.

Instituciones de memoria histórica

58. El Gobierno señaló que, el cierre en 2,012 de la oficina de víctimas de la guerra civil y la dictadura, y el traspaso de sus funciones a la División de Derechos de Gracia y otros Derechos responde al hecho de que ésta ya había cumplido sus funciones en el marco de la ley 52/2,007 y que el numero de demandas había decaído.

Exhumaciones

61. El Relator Especial saluda los esfuerzos realizados a raíz de la adopción de la Ley 52/2.007 que llevó a la elaboración del Mapa de fosas, accesible en internet, que registra en todo el territorio 2,382 fosas que contendrían 45,000 restos de personas y proporcionan en algunos casos datos sobre las víctimas.

62. El Relator Especial recibió numerosos testimonios y reclamos de familiares, en ocasiones personas de muy avanzada edad. quienes expresaron con profunda emoción el deseo de poder dar sepultura digna a sus seres queridos.

El Relator Especial expresa su preocupación por el hecho que el Estado no haya hecho mas para gestionar las exhumaciones e identificación de los restos, especialmente cuando esto es técnica y materialmente posible.

63. El Relator Especial señala que en ningún momento en sus interlocuciones las autoridades negaron la legitimidad de este reclamo además de notar que desde 2.011 el presupuesto para la implementación de la ley, incluyendo las exhumaciones ha sido anulado, el Relator especial señala que estas medidas no representan una reparación adecuada.

Justicia

Obstáculos en el acceso a la Justicia

67. Es en el ámbito de la justicia donde se observan los mayores déficit en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el golpe militar, la guerra civil y el franquismo. Qué relación guarda este hecho con la ausencia de reformas del Poder Judicial después de la transición, similares a las reformas en las Fuerzas Armadas, es objeto de debate.

71. El Relator especial reitera las recomendaciones formuladas por varios organismos internacionales de derechos humanos sobre la incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por España, incluyendo el articulo 2. párr. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Estos compromisos fueron contraídos con anterioridad a la adopción de la Ley de Amnistía.

En efecto, la ley fue adoptada el 15 de octubre de 1,977 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue ratificado el 27 de Abril de 1.977.

72. Además de los estándares internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el derecho internacional establece que, en relación con

los casos de desaparición forzada, los plazos de prescripción deben contar a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida o se encuentran sus restos.

El Relator Especial nota con preocupación que durante la visita, de forma consistente, las autoridades negaron el carácter continuado de la desaparición forzada, presentando este principio como un sinsentido jurídico.

74. El Relator Especial destaca que no habría impedimentos en el sistema judicial español para revisar o anular las disposiciones de la ley 46/1.977 que fueran incompatibles con las Obligaciones Internacionales del Estado.

El tribunal constitucional seria la institución idónea para debatir y pronunciarse sobre la interpretación de la ley 46/1,977, a la luz de las Normas y Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos.

76. Invocando la Ley 46/1,977, prácticamente en la totalidad de los casos que son presentados ante la justicia española por crímenes graves cometidos durante el golpe militar, la guerra civil y el franquismo, o no se abren investigaciones, o se archivan sin que los jueces siquiera conozcan de los hechos. Esto no solo contradice las Obligaciones Internacionales en materia de Derecho a la Justicia, sino que también vulnera el Derecho a la Verdad.

VI Reparación

Definición de víctima

85. En las transiciones, es crucial para la consolidación democrática y la reconciliación, promover una concepción amplia de víctima, que logre abarcar el universo completo de las mismas, sin distinción sobre la base de su filiación política, su bando o el de su perpetrado.

92).”El Relator Especial recalca el valor fundamental del reconocimiento de los hechos y responsabilidades y la presentación de disculpas oficiales que vayan mas allá de un reconocimiento genérico.

VII, conclusiones y recomendaciones

100. El Relator Especial nota una gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de instituciones del Estado por un lado y por otro las víctimas y asociaciones.

Las autoridades parecen indicar que en la medida de lo posible, las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas.

Este hecho es particularmente preocupante considerando que las expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse, en general, de “desmedidas”.

101. La sociedad civil y en particular las asociaciones de víctimas y familiares, principalmente la generación de los nietos, son quienes han impulsado iniciativas en favor de la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición. Esta situación responde al profundo compromiso de las víctimas, familiares y asociaciones por mantener viva la voz y los reclamos de las víctimas, como al vacío dejado por el Estado en atender estos reclamos.

102. El Relator Especial nota que varios representantes del gobierno en las reuniones que mantuvieron, enmarcaban las discusiones en el siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto.

En opinión del Relator, esta posición no le hace justicia a los avances logrados en el proceso de democratización de España. Recalca que, considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgo para la estabilidad del orden democrático, resulta sorprendente observar que no se haya hecho mas en favor de los derechos de tantas víctimas.

El Relator Especial recalca que la fortaleza de las instituciones democráticas no pude ser adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos.

104. El Relator Especial formula a continuación sus principales recomendaciones y su plena disposición para acompañar a las autoridades en su implementación. Insta al Gobierno y a las instancias del Estado relevantes.

a) Mostrar un compromiso decidido del Estado por darle vigencia plena, con carácter prioritario, a los Derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no Repetición.

El Relator Especial recalca que las limitaciones de recursos, si bien pueden reducir las capacidades del Estado, no pueden justificar la inacción en favor de estas medidas.

Resumen

La Guerra Civil española y los 40 años de dictadura que le siguieron, dejaron un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluyendo ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos, o exilio, entre otros.

La consolidación de la democracia constituye uno de los logros mas insignes de la transición. La ausencia de riesgo de quiebre institucional proveniente de las fuerzas armadas -uno de los mas grandes retos de las transiciones- se logró a través de la reforma y democratización de las mismas. Estas reformas ofrecen lecciones que pueden ser útiles para otros países.

Los esfuerzos por responder a los legados de la guerra civil y la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación.

Las medidas adoptadas no han respondido, a una Política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición.

Los mayores vacíos se evidencian en materia de Verdad y Justicia. No se estableció nunca una Política de Estado en materia de Verdad. No existe información oficial ni mecanismos de esclarecimiento de la Verdad.

Los reclamos de los familiares por dar sepultura a sus seres queridos son urgentes. En el área de Justicia, un excesivo formalismo e interpretaciones restrictivas de la ley de Amnistía y del principio de legalidad no solo niegan el acceso a la justicia sino que también impiden cualquier tipo de investigación.

Dada la fortaleza del Estado, la madurez de la sociedad civil, y las lecciones aprendidas, tanto dentro como fuera de España. El Relator Especial llama a las Instituciones del Estado y a la Sociedad Civil, a poner en el centro de los debates acerca de como encarar las tareas aun pendientes, la noción de derechos que atañe a todos, independientemente de cualquier consideración política.

Fuente:

Edición: Jordi Gordon. Plataforma por la Comision de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. Deposito legal: M-30905-2015

Con la colaboración de las fundaciones 1º de Mayo y Largo Caballero.

*Texto extractado para facilitar su lectura. Sin perjuicio de la calidad e importancia de lo no transcrito.octubre/2.018


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